¿Te encuentras en una situación financiera complicada y no sabes cómo salir adelante? La Ley 20.720 podría ser la solución que estás buscando. Este marco legal, conocido como «Ley de Reorganización y Liquidación», ofrece alternativas viables tanto para personas naturales como empresas que enfrentan dificultades económicas.
En este artículo por medio de nuestro estudio jurídico descubrirás las diferentes opciones que esta ley pone a tu disposición, desde la reorganización de deudas hasta la liquidación de bienes, y cómo cada una de ellas podría ayudarte a recuperar tu estabilidad financiera y comenzar de nuevo.
¿En qué consiste la Ley 20720?
La Ley 20.720, también conocida como «Ley de Reorganización y Liquidación«, es un marco legal diseñado para ayudar tanto a personas naturales como a empresas que enfrentan dificultades financieras. Esta normativa establece procedimientos claros y accesibles para abordar situaciones de insolvencia, ofreciendo tres caminos principales: reorganización de deudas, liquidación de bienes o renegociación de compromisos financieros.
En términos simples, esta ley actúa como una herramienta legal que permite a los deudores encontrar una salida viable a sus problemas económicos, ya sea mediante la reestructuración de sus obligaciones o, en casos más complejos, a través de un proceso ordenado de liquidación de activos. En especial, si eres una empresa, es recomendable contar con asesoría laboral para empresas especializada para poder llevar a cabo este proceso de manera óptima.
Procedimiento de reorganización para empresas
El procedimiento de reorganización empresarial es un mecanismo legal que permite a las empresas en dificultades financieras mantener sus operaciones bajo la supervisión especializada de un veedor. Este profesional, designado por la autoridad competente, asume el control administrativo de la empresa y tiene como principal función facilitar acuerdos beneficiosos con los acreedores.
Durante este proceso, la empresa tiene la oportunidad de presentar una propuesta de reorganización que debe ser respaldada por la mayoría de sus acreedores. Esta propuesta puede contemplar diversas medidas de alivio financiero, como la reestructuración de las obligaciones pendientes y la extensión de los períodos de pago. El objetivo fundamental es establecer condiciones que permitan a la empresa superar su crisis financiera mientras mantiene su operatividad.
Una vez que el acuerdo es aprobado y la empresa cumple fielmente con los términos establecidos, puede evitar el proceso de liquidación y retomar sus actividades comerciales de manera sostenible, garantizando así su permanencia en el mercado y la preservación de los puestos de trabajo.
Liquidación voluntaria
En casos donde la reorganización no logra el consenso necesario con los acreedores, la Ley 20.720 contempla la posibilidad de una liquidación voluntaria. Este procedimiento busca que la empresa deudora alcance un saldo cero antes de cesar sus operaciones, incluso en situaciones donde la venta total de activos resulte compleja.
Esta opción representa una alternativa estratégica para evitar la liquidación forzosa, la cual suele resultar menos favorable tanto para los acreedores como para la empresa deudora. Al optar por la liquidación voluntaria, la empresa mantiene cierto control sobre el proceso y puede gestionar de manera más efectiva la finalización de sus operaciones comerciales.
Liquidación forzosa
La liquidación forzosa se activa cuando la liquidación voluntaria no puede efectuarse según lo establecido en la Ley 20720. Este proceso legal se inicia cuando los acreedores, ante el incumplimiento total de la deuda y la falta de transparencia por parte de los ejecutivos de la empresa deudora, se ven obligados a tomar acciones legales.
Este escenario se presenta principalmente cuando los responsables de la empresa evitan asignar un representante y no emiten respuestas para avanzar en el proceso de liquidación voluntaria. Como consecuencia, la ley faculta a los acreedores para presentar una demanda ante el tribunal de justicia competente, solicitando la liquidación forzosa de la empresa.
Una vez que el tribunal acepta la demanda, se ordena como primera medida la venta total de los activos de la empresa, procedimiento que debe realizarse en estricto apego a los términos establecidos por la ley.
Renegociación de la persona deudora
La Ley 20.720 no solo contempla procedimientos para empresas, sino que también ofrece una valiosa herramienta para personas naturales que enfrentan dificultades financieras: la renegociación de deudas. Este mecanismo legal permite a los deudores buscar una solución viable para resolver sus compromisos financieros sin necesidad de liquidar todos sus bienes.
El proceso inicia cuando el deudor presenta una solicitud formal ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR). Esta institución designa un representante especializado que actuará como intermediario entre el deudor y sus acreedores, buscando alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas.
La renegociación se convierte en una alternativa crucial cuando se desea evitar la liquidación total de los bienes. A través de este procedimiento, se pueden establecer nuevos términos y condiciones de pago que sean manejables para el deudor, mientras se garantiza a los acreedores la recuperación de sus créditos de manera ordenada y transparente.
Liquidación simplificada de personas naturales y micro-empresas
La Ley 20.720 contempla un procedimiento especial de liquidación simplificada, diseñado específicamente para personas naturales, microempresas y PYMEs que enfrentan dificultades financieras. Este proceso busca una resolución más ágil y menos compleja, donde se procede a la venta de los bienes embargables del deudor para generar fondos que serán destinados al pago de las deudas existentes, con el objetivo final de alcanzar un saldo cero y permitir un nuevo comienzo financiero.
Liquidación forzosa simplificada
La liquidación forzosa simplificada sigue los mismos principios básicos que la liquidación forzosa regular, pero está específicamente diseñada para agilizar el proceso cuando se trata de microempresas y PYMEs. Este procedimiento especial permite una resolución más rápida y eficiente de la situación financiera, facilitando la venta de activos de manera expedita para evitar procesos legales prolongados que podrían resultar costosos tanto para el deudor como para los acreedores.
Reorganización simplificada
Por último, la reorganización simplificada cumple con el mismo objetivo que el procedimiento original de reorganización para microempresas y PYMES, pero está simplificado el procedimiento, el cual brinda una oportunidad de reestructurar las deudas y seguir operando de manera sostenible.
Conclusión
La Ley 20.720 representa un marco legal integral que ofrece múltiples alternativas para personas y empresas que enfrentan dificultades financieras. Ya sea a través de la reorganización empresarial, la renegociación de deudas para personas naturales, o los procedimientos simplificados para PYMEs, esta ley proporciona herramientas efectivas para superar crisis económicas de manera ordenada y transparente. Su flexibilidad permite adaptar las soluciones según las necesidades específicas de cada caso, siempre buscando el equilibrio entre los intereses de deudores y acreedores, y promoviendo la posibilidad de un nuevo comienzo financiero.
Para garantizar que estos procedimientos se lleven a cabo de manera efectiva y conforme a la ley, es fundamental contar con el asesoramiento profesional de abogados en derecho civil especializados en la liquidación y reorganización de empresas, quienes pueden guiar tanto a personas como empresas a través de estos procesos legales de manera segura y exitosa.
