¿Necesitas eliminar tus deudas de manera definitiva? Entonces aplicar a la liquidación voluntaria simplificada puede ser la solución que estás buscando. Este procedimiento legal especial está diseñado para ayudar tanto a personas naturales como a micro y pequeñas empresas a terminar con sus obligaciones financieras de forma ágil y sin costos.
En nuestro estudio jurídico, te explicamos paso a paso todo lo que necesitas saber sobre este proceso, desde quiénes pueden acceder hasta los documentos necesarios y las ventajas que ofrece. No pierdas la oportunidad de conocer esta herramienta que podría ayudarte a eliminar de manera definitiva tus deudas.
¿Qué es la liquidación voluntaria simplificada?
La liquidación voluntaria simplificada es un procedimiento legal especial que permite la venta expedita de los bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, con el propósito de satisfacer sus obligaciones con acreedores de manera eficiente y ordenada según la Ley 20.720 en su artículo 273. Este mecanismo concursal está diseñado específicamente para personas naturales que buscan eliminar sus deudas, así como para micro y pequeñas empresas que cumplan los requisitos establecidos por la ley.
La característica distintiva de este procedimiento es su naturaleza simplificada, que se traduce en plazos de tramitación reducidos, costos administrativos optimizados y un proceso de liquidación más ágil y eficiente en comparación con el procedimiento tradicional de liquidación voluntaria.
¿A quiénes va dirigido?
La liquidación voluntaria simplificada está disponible para diversos perfiles de deudores que buscan eliminar sus obligaciones financieras. Los beneficiarios de este procedimiento concursal se dividen en tres categorías principales, cada una con sus características y requisitos específicos:
- Personas naturales con contrato formal de trabajo: Esto incluye a todas las personas que reciben un sueldo o salario por sus servicios laborales y que declaran sus impuestos bajo el régimen de segunda categoría.
- Personas naturales: Aquellas con capacidad crediticia que no generen ingresos por actividades comerciales, incluyendo:
- Dueñas y dueños de casa que administran el hogar
- Estudiantes en cualquier nivel educativo
- Personas jubiladas o pensionadas
- Otros individuos que cumplan con estos criterios
- Empresas: Siempre que estén clasificadas como micro o pequeña empresa según los criterios legales establecidos.
¿Cuáles son los criterios para clasificar una empresa como micro o pequeña empresa?
De acuerdo con la Ley N° 20.416 y el artículo 505 del Código del Trabajo, la clasificación de micro y pequeña empresa se determina según los siguientes criterios:
Para micro empresas:
Las micro empresas deben cumplir dos requisitos principales, los cuales son generar ingresos anuales por ventas y servicios menores a 2.400 UF durante el último año calendario, y mantener una plantilla laboral de 1 a 9 empleados.
Para pequeñas empresas:
Las pequeñas empresas deben cumplir dos condiciones específicas, los cuales son registrar ingresos anuales por ventas y servicios entre 2.400 y 25.000 Unidades de Fomento (UF) durante el último año calendario, y contar con una plantilla laboral de 10 a 49 trabajadores con contratos vigentes. En estos casos, si aún tienes dudas sobre el tema, te recomendamos consultar con un profesional en asesoría laboral para empresas quien podrá resolver todas tus inquietudes.
¿Qué necesito para hacer el trámite?
Para iniciar el proceso, es necesario enviar una petición formal de liquidación simplificada al tribunal que corresponda, la cual debe estar respaldada por un profesional del derecho.
Para completar la solicitud, se requiere presentar la siguiente documentación:
- Un listado detallado que incluya todos sus bienes en propiedad, incluyendo cualquier participación que tenga en sociedades o comunidades.
- Los documentos que demuestren la propiedad de los bienes mencionados anteriormente.
- Una lista específica de aquellos bienes que la ley excluye del Procedimiento Concursal de Liquidación Voluntaria Simplificada.
- Un informe sobre cualquier proceso judicial en curso que pueda afectar su patrimonio.
- Un registro completo de sus obligaciones financieras, detallando acreedores y montos, junto con un informe oficial de deudas de la Comisión para el Mercado Financiero.
- Si corresponde, una lista actualizada del personal empleado, con información sobre pagos de sueldos y cotizaciones sociales.
- Las empresas deben enviar adicionalmente algunas declaraciones juradas.
- La documentación tributaria completa contenida en su carpeta electrónica.
- Una declaración bajo juramento que certifique que toda la información y documentación proporcionada para el Procedimiento Concursal es verdadera y completa.
Ventajas y garantías del proceso de liquidación voluntaria simplificada
El proceso de liquidación voluntaria simplificada ofrece importantes beneficios y garantías para los deudores, incluyendo las siguientes ventajas durante su desarrollo:
- El liquidador agiliza los trámites administrativos al coordinar el traslado directo de activos al lugar del remate.
- La solicitud puede presentarse de manera flexible, sin importar si existen procesos judiciales activos.
- El proceso se destaca por su eficiencia y tiempos de tramitación reducidos.
¿Cuándo es recomendable optar por la liquidación voluntaria simplificada?
La liquidación voluntaria simplificada es una opción recomendable cuando se presentan ciertas condiciones específicas que requieren una evaluación integral de la situación financiera. Esta evaluación comienza con un análisis detallado de las deudas y obligaciones pendientes, junto con una verificación minuciosa de la capacidad de pago actual y futura del deudor.
Un aspecto fundamental del proceso es la gestión transparente de los activos. Esto implica la elaboración de un inventario completo de los bienes en propiedad, respaldado por toda la documentación legal que acredite su titularidad. La transparencia se extiende también al ámbito legal, donde es obligatorio presentar una declaración jurada que certifique la veracidad de la información proporcionada, incluyendo cualquier proceso judicial en curso que pudiera afectar al patrimonio.
Este procedimiento se distingue por sus ventajas prácticas: ofrece una tramitación ágil y eficiente, no genera costos para el solicitante, y facilita la coordinación directa en el traslado de activos. Estas características lo convierten en una alternativa viable para quienes buscan reorganizar sus obligaciones financieras de manera ordenada y efectiva.
¿Cuándo es apropiado considerar la suspensión de pagos?
Las obligaciones financieras pueden estar al día o vencidas, siendo necesario realizar una proyección de la capacidad de pago para evaluar las alternativas disponibles. Si tras un análisis detallado se determina que los ingresos no serán suficientes para cubrir las obligaciones existentes, o que el pago de estas generará nuevos compromisos impagos, se recomienda considerar la suspensión temporal de pagos mientras se prepara la solicitud de liquidación.
Si durante este período se recibe una notificación judicial, existe la posibilidad de solicitar su incorporación al proceso de liquidación.
Ante esta situación, es fundamental contar con orientación de abogado especializado en derecho concursal permita evaluar la conveniencia del procedimiento, considerando factores como el volumen de la deuda, la naturaleza de los acreedores y los cronogramas de pago establecidos.
¿Es posible solicitar la liquidación voluntaria simplificada con empleados activos en la empresa?
Sí, es posible iniciar el proceso de liquidación voluntaria simplificada mientras hay trabajadores activos en la empresa. Sin embargo, el primer paso obligatorio es notificar formalmente a todos los empleados sobre la situación actual de la empresa.
El proceso requiere un análisis detallado de las obligaciones laborales, incluyendo remuneraciones, cotizaciones y otros conceptos según establece el artículo 163 bis del Código del Trabajo. Este análisis determinará la fecha de término de los contratos laborales, siguiendo estos pasos específicos:
- El liquidador debe informar oficialmente a cada trabajador sobre la terminación de su contrato laboral debido al inicio del procedimiento de liquidación.
- Como representante del deudor, el liquidador debe gestionar el pago de las indemnizaciones correspondientes. Para contratos con más de un año de vigencia, la compensación se calculará según los criterios establecidos para término por necesidades de la empresa.
- Los trabajadores con fuero laboral no requerirán autorización judicial especial para la terminación de su contrato.
- Es responsabilidad del liquidador preparar el finiquito para cada trabajador dentro del plazo establecido: diez días antes de que finalice el período de verificación ordinaria de créditos.
Cuando el finiquito esté extendido, es necesaria la firma por parte del trabajador y el liquidador, tras lo cual se procederá a realizar el pago aplicando los siguientes conceptos:
- Los montos establecidos en el documento se considerarán como verificaciones oficiales de crédito.
- Los trabajadores mantienen su derecho a reservar acciones legales, limitándose los pagos a las cantidades especificadas en el finiquito.
- El documento puede formalizarse ante notario incluso con cotizaciones pendientes, sin que esto implique que el trabajador renuncie a su derecho sobre estas.
Conclusiones
La liquidación voluntaria simplificada es un procedimiento legal especializado que ofrece una solución eficiente para la eliminación de deudas. Este mecanismo está disponible para tres grupos principales: personas naturales con contrato formal, personas naturales sin actividad comercial (como dueños de casa o jubilados) y micro o pequeñas empresas.
El proceso se caracteriza por ser gratuito y contar con ventajas significativas como plazos reducidos y eficiencia administrativa. Para iniciar el trámite, se requiere presentar documentación específica, incluyendo un inventario de bienes, registros financieros y una declaración jurada.
En el caso de empresas con empleados activos, el proceso contempla un procedimiento específico para la terminación de contratos laborales, garantizando los derechos de los trabajadores y estableciendo un proceso ordenado para la gestión de finiquitos e indemnizaciones.
